Uno de los temas sobre los que más acaloradamente se debate en España en los últimos años es el de la “memoria histórica”, a raíz de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; que es el nombre oficial de la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Congreso siendo José Luís Rodríguez Zapatero Presidente del Gobierno. Considero que los historiadores, ante un tema como este, no es sólo que tengamos el derecho de opinar, yo diría que es que tenemos el deber moral de hacerlo.

No voy a hablar del contenido de la ley en sí, ya que eso convertiría el artículo en un debate jurídico/político y no es esa mi intención. Pero sí sobre qué es la memoria histórica y cómo se ha gestionado en España a lo largo del tiempo. En su momento uno los temas más polémicos entorno a la ley eran lo relativo a las fosas comunes y la exhumación de los cuerpos, a la rehabilitación o no de los condenados por los Consejos de Guerra del franquismo y los juicios posteriores, los cambios de nombres a las calles o la retirada de símbolos que eran considerados franquistas. Hoy el “tema estrella” por decirlo así es qué hacer con el Valle de los Caídos y la eventual exhumación del general Franco, allí enterrado. Sobre esto sí daré, aunque procurando no extenderme mucho, mi opinión.

¿Qué es la Memoria Histórica?

A lo largo del tiempo, en todas las épocas, las comunidades humanas han tenido un recuerdo más o menos nítido de su pasado. En épocas muy remotas donde no existía la escritura este recuerdo era sobre todo mítico y transmitido de forma oral. Los griegos ya empezaron a desarrollar la Historia propiamente dicha como disciplina y en el siglo XIX esta adoptó la condición académica tal como la entendemos hoy. Pero yo no voy a hablar de cómo los historiadores han escrito la Historia, sino de cómo los pueblos tienen conciencia de su pasado histórico; tienen una memoria histórica en definitiva.

Una persona, naturalmente, recuerda los hechos que ha vivido en su vida, sobre todo los más importantes. Pero también es parte de su memoria aquello que ha escuchado de sus padres o de sus abuelos. Esta es la memoria histórica más común a lo largo del tiempo. En épocas en las que la tradición oral era dominante, se considera que una persona podía tener recuerdos fiables hasta unos doscientos años atrás. Pensemos que estamos hablando de una época agraria, premoderna, donde las largas noches alrededor del fuego escuchando las historias de los abuelos eran lo más común. Para cualquier época anterior al periodo de tiempo en el que la tradición oral familiar es fiable, lo que hay es una suerte de memoria colectiva.

Dicha memoria colectiva nunca se ha hecho de manera planificada en un despacho porque un dirigente determine cuál es la historia. Existían varios relatos aunque evidentemente unos tenían más peso que otros y el relato del poder siempre ha sido el que más eco ha tenido en todas las épocas. Es decir, que la manera de contar la historia siempre ha respondido a los intereses del grupo dominante en cada momento. No es nada nuevo, por lo tanto, que un gobierno trate de utilizar la historia para proyectar sus propios valores a otras épocas del pasado o para legitimarse. Lo preocupante es que cada vez parece que nos acercamos más a la distopía orwelliana de 1984 en la que el gobierno fijaba un relato histórico único, modificándolo a su voluntad, que debía ser aceptado por toda la población y se castigaba a quien no lo hiciese. Tal cosa se infiere de las declaraciones de algunos dirigentes políticos sobre “establecer un relato común”.

Tradicionalmente eran los poetas, los bardos, los trovadores… los que difundían los cuentos y leyendas con los que la gente sencilla elaboraba su memoria histórica. Los intelectuales, fundamentalmente clérigos desde la Edad Media, hacían estudios más rigurosos pero estaban más centrados en las hagiografías (escribir sobre las vidas de los santos), siendo los cronistas algo así como periodistas de la época, cercanos al rey. Así pues la memoria histórica en épocas pasadas se hacía con una mezcla entre relatos épicos y legendarios de carácter literario pero con algún trasfondo real, crónicas y la propia memoria personal transmitida de generación en generación de manera oral. Será a partir del siglo XIX, con la creación de la educación pública obligatoria, cuando se establezca una historia oficial que se enseñase en los colegios de manera más o menos objetiva dependiendo del caso. En el siglo XX, a la educación pública hay que sumarle el papel de los medios de comunicación tradicionales y desde los años 90 del siglo XX hasta hoy, el papel de las nuevas tecnologías. Con esta multitud de fuentes, la población absorbe y va configurando una memoria histórica o una percepción de lo que sucedió en el pasado, que puede ser más o menos ajustada a la realidad.

La Historia y el Poder Político

Todos los gobiernos a lo largo de la historia han tratado de presentar una Historia oficial o de que su versión de los hechos sea la hegemónica. La proyección de un proyecto político del presente sobre la realidad del pasado y el declararse “herederos” de dirigentes o de épocas anteriores es bastante común. La historia legitima el orden establecido o lo cuestiona, según lo que se pretenda. Esto evidentemente implica una visión sesgada de los hechos y una tergiversación de la realidad histórica, en mayor o menor grado. Dicho de otra manera, el gobierno de turno trata de asociarse con una época concreta y al hacerlo procura primero que esa época “se ponga de moda” y segundo que el relato hegemónico sobre ese periodo sea el que concuerda con su ideología, siendo indiferente si este se ajusta a la verdad histórica o no.

Podemos ver varios ejemplos de esto. Por ejemplo en el siglo XIX la historiografía liberal puso mucho énfasis en la época medieval en general y en el reinado de los Reyes Católicos y la época visigoda en particular, dentro del contexto del Romanticismo de la época y de la búsqueda de los orígenes de la nación española. Durante la II República los temas históricos más recurrentes eran las luchas populares contra la Corona, tales como la Guerra de las Comunidades de Castilla, el Trienio Liberal durante el reinado de Fernando VII o el Sexenio Democrático. El régimen republicano se consideraba heredero del liberalismo progresista y la máxima expresión de sus ideales. Durante el franquismo se cargaron las tintas sobre el Siglo de Oro porque se quería asociar al régimen con la España Imperial y al nacionalcatolicismo que lo sustentaba con esa idea de España como martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma y brazo derecho de la Cristiandad. En este sentido también se ensalzó el reinado de los Reyes Católicos (el propio yugo y las flechas de Falange Española proceden de estos, así como el águila de San Juan incorporada al escudo nacional) o el III Concilio de Toledo y la conversión de Recaredo al catolicismo en época visigoda.

Durante la época de Felipe González se potenció mucho la figura de Carlos III y del Reformismo Borbónico, pues el gobierno socialista pretendía asociar sus reformas con la Ilustración y el racionalismo del siglo XVIII frente a una época oscura felizmente superada. José María Aznar, por su parte, potenció mucho la figura de Cánovas del Castillo y la época de la Restauración, pues quería que el Partido Popular se asociase con la derecha de aquella época, con el parlamentarismo liberal y con el patriotismo constitucional frente a los separatistas en el País Vasco y Cataluña. De esa manera trataba de eliminar el estigma de franquista que tenía la derecha española al hacer bandera de la Constitución.

Zapatero, que es con quién asociamos el concepto de memoria histórica en España, precisamente lo que trató de hacer es asociar su gobierno con la II República y con el exilio republicano posterior. Esto se debió, fundamentalmente, a que si bien durante el franquismo hubo una leyenda negra sobre la República, desde la Transición en adelante se estableció una suerte de leyenda rosa en torno a este periodo histórico en la izquierda española. Aunque el PCE había aceptado la monarquía en la Transición y la Constitución, ante los sucesivos fracasos electorales de Izquierda Unida el partido recuperó la idea de establecer una Tercera República y, naturalmente, potenció la memoria sobre la Segunda. Probablemente para tratar de atraerse simpatías por la izquierda y para tratar de asociar al PP con el franquismo, Zapatero trató de hacer esta asociación que ha mantenido Pedro Sánchez también con la intención de asociar a la derecha española con el fascismo al mismo tiempo que intenta “pescar” votantes en el caladero de Podemos.

Durante el gobierno de Rajoy se potenció mucho la Transición. Hubo multitud de series y documentales en TVE sobre esa época y mitificando a los “héroes” de la misma, como Adolfo Suárez o Juan Carlos I. La Transición de por sí es probablemente la época sobre la que más leyenda rosa hay vertida, dado que es el “mito fundacional” sobre el que se basa el orden constitucional actual. Pero también por ese motivo, es una de las épocas más vilipendiadas por parte de quienes lo cuestionan. Si el gobierno de Rajoy pretendió asociarse a esta época es porque pretendía presentarse a sí mismo como un gobierno de consenso frente al guerracivilismo de la izquierda pero también debido a la aparición de Ciudadanos como fuerza emergente de carácter centrista, tratando Rajoy de asociar a la UCD y a la obra de Suárez con su partido.

Al margen de los últimos gobiernos, el asociarse con una época remota no es algo exclusivo de los últimos dos siglos. Cuando los Borbones se entronizan en España tratan de asociarse con la Antigüedad Clásica, con Grecia y Roma, dado que en la Ilustración y el racionalismo francés, que alcanzará su máximo exponente tras la Revolución Francesa pero que ya se había iniciado a principios del siglo XVIII, se considera directamente heredero de la tradición grecolatina. Así mismo, Carlos V se asoció a sí mismo con Trajano o Adriano, en el sentido de un César que España daba al Imperio, lo cual además conectaba muy bien con el espíritu renacentista de su época y con su idea de establecer una Monarquía Universal, siendo la Cristiandad la heredera de la Romanidad. Los reyes medievales, de igual manera, se asociaron a personajes bíblicos como el rey David o el rey Salomón, y antes del cristianismo con héroes o dioses de los que se decían descendientes directos.

En el caso de España, además, desde la creación del Estado autonómico cada Comunidad Autónoma ha establecido su propia “historia oficial”. En algunas ocasiones el relato que impulsan las instituciones está claramente distorsionado, como puede ser el caso de Cataluña o el País Vasco, pero en otras es directamente fantasioso, como es el caso de Andalucía, donde se intenta asociar la Andalucía actual con al-Ándalus; presentando además una visión de al-Ándalus totalmente falsa.

Otro tema recurrente es el de la Reconquista. El mito de la pérdida de España y de la restauración del Reino es algo constante a lo largo de la Historia de nuestro país, que arranca incluso con las leyendas toledanas sobre la Torre de Hércules pero que sin lugar a dudas alcanza su máximo apogeo durante la Edad Media, durante el proceso de Restauratio Hispaniae, de restauración de España o Reconquista. Sin embargo la asociación con la idea de Reconquista siempre ha sido utilizada cuando se ha percibido que España estaba sometida a un poder extranjero y era necesario liberarla. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) fue un mito muy utilizado, siendo el francés el nuevo dominador extranjero al que había que expulsar. Los carlistas también lo emplearon, aludiendo a la descristianización de España que había supuesto el régimen liberal. Por supuesto fue empleado en la Guerra Civil por ambos bandos, ya que ambos consideraban que la independencia de España había sido sometida a poderes internacionales, el fascismo y el comunismo, respectivamente. En 1934 los rebeldes asturianos se veían a sí mismos como a los astures luchando contra los moros en Covadonga, pues el gobierno envió a regulares marroquíes a reprimir la revuelta. Franco, naturalmente, se veía a sí mismo como un caudillo, como un nuevo don Pelayo para salvar a España del infiel de su tiempo. Así mismo, los guerrilleros comunistas que intentaron invadir el Valle de Arán para provocar el derrocamiento de Franco en 1944 le llamaron a la operación como Operación Reconquista de España. Hoy VOX utiliza el concepto de Reconquista trasladando a la opinión pública la idea de que España está sometida a las élites globalistas y al mismo tiempo tratando de hacer un paralelismo entre la inmigración islámica y la invasión del año 711.

En conclusión, todos los gobiernos han tratado a lo largo del tiempo de imponer su peculiar relato, pero nunca, en mi opinión, se había hecho de una manera tan torpe. No me refiero a la ley en sí, en cuanto a su contenido, sino a la pésima gestión que hizo el Gobierno al respecto en el sentido de que siempre que un gobierno trata de usar la historia lo que pretende, en última instancia, es usarla como un aglutinante. Es evidente que en este caso lo que consiguió fue lo contrario. Una guerra civil y una dictadura siempre dejan traumas en la sociedad y no es España el único país que no siempre sabe gestionar estos aspectos. La torpeza de un gobierno en algo como esto suele afectar a la concordia social, como de hecho ha sucedido.

Franco y el Valle de los Caídos

Una vez hecho el análisis de qué es la memoria histórica y cómo se ha gestionado a lo largo del tiempo, daré mi opinión sobre el tema más polémico del que se debate: el uso del Valle de los Caídos y la tumba de Francisco Franco. Sobre el Valle de los Caídos, la ley[1] dice lo siguiente:

Artículo 16. Valle de los Caídos.

1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

Según esta ley, el Valle de los Caídos es entendido como un monumento más perteneciente a Patrimonio Nacional. En ese lugar, además del monumento en sí, hay una basílica; de ahí que se rija por las normas aplicables a los lugares de culto. Esto me parece normal y creo que no hay mucho que discutir. El problema viene en el punto segundo, a la hora de definir qué es un acto de naturaleza política, exaltador de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. ¿Es una misa por los caídos en la guerra un acto político? ¿Es depositar flores en la tumba de Franco o de José Antonio Primo de Rivera, ambos allí enterrados, una exaltación de los protagonistas de la Guerra Civil? Difícil precisarlo y demasiado ambiguo, a mi parecer.

Al margen de la ambigüedad ¿dónde ponemos la frontera temporal entre lo que es político y lo que es histórico? Es decir ¿es un acto político homenajear a los que lucharon en la División Azul? ¿Y a los que lucharon en la Guerra del Rif? ¿Y a los que lucharon en las Guerras Carlistas? ¿Y a los que lucharon en la Batalla de Bailén? ¿Y a los que lucharon en las Navas de Tolosa? Por eso yo no soy amigo de tratar de imponer por parte del Estado a quién se puede homenajear y a quién no. Distinto es, por supuesto, que el homenaje en cuestión se autorice en un lugar de propiedad pública, como es el caso del Valle de los Caídos. Sin duda es un tema espinoso y que siempre dependerá de la arbitrariedad de los políticos que gestionen dicho emplazamiento (como sucede, por ejemplo, en la cesión o no de espacios municipales para determinados colectivos).

Más allá de cuál es la situación legal actual, hay grupos políticos que piden abiertamente la demolición del monumento. Esto me parece una aberración similar a cuando los fundamentalistas islámicos destruyen el patrimonio histórico en Oriente Medio. Para empezar porque, guste más o menos, el Franquismo y la Guerra Civil son parte de la Historia de España y no se puede (ni se debe) hacer una damnatio memoriae de aquellos episodios históricos que no le gusten al poder de turno o que hieran sensibilidades. Las épocas negras de la Historia, precisamente, son las que con más motivo nunca deben olvidarse. Pero es que además el Valle de los Caídos constituye una maravilla desde el punto de vista tanto artístico como arquitectónico y lo que es más importante, constituye un documento histórico de primera magnitud. Es un ejemplo de edificio colosal, propio de las construcciones del totalitarismo en el siglo XX. Además de eso, si uno analiza y estudia la simbología allí recogida entiende mejor qué fue el franquismo y cuál fue su ideología que leyendo varios libros. Los pasajes allí representados, las estatuas, la cruz descomunal, todo el conjunto en sí mismo muestra una valiosa información de la mentalidad y la ideología de quienes lo construyeron y del régimen político imperante cuando se hizo.

Al igual que para entender en toda su magnitud el significado ideológico de la Monarquía Hispánica uno no puede dejar de visitar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, igual que para entender la cosmovisión medieval uno no puede obviar una catedral gótica o románica, con independencia de sus creencias, o igual que para entender la superestructura ideológica que era el Imperio Romano no puede dejar de lado el Panteón de Agripa; para entender lo que fue el franquismo es imprescindible ver el monumento más representativo que este régimen construyó. ¿Fue el Valle de los Caídos construido por un dictador? Nadie lo discute, pero eso no invalida en modo alguno su significado histórico, igual que las pirámides de Egipto fueron construidas por un régimen teocrático o la mezquita de Córdoba fue ampliada por Almanzor, que no dejaba de ser también un dictador que usurpó el poder califal y persiguió a los disidentes ¿acaso pretenden destruir todo aquello que no hayan construido democracias liberales? Aunque bueno, en la construcción de la Casa Blanca participaron esclavos, tal vez algún fanático progresista estadounidense clame pronto por destruirla.

En cuanto a la tumba de Franco, lo cierto es que el dictador nunca dejó claro dónde quería enterrarse. Fue una decisión que tomó el gobierno de Arias Navarro sobre la marcha y precisamente escogió el Valle de los Caídos por ser un lugar apartado y discreto, poco dado a los homenajes multitudinarios o, si estos se producían, que fuese en un lugar aislado y sin riesgo de enfrentamientos. Dicho de otra manera, que si no hubieran agitado las aguas entorno a la exhumación o no de Franco, posiblemente su tumba sólo la visitarían curiosos por el significado histórico que tiene el personaje, como uno puede visitar el mausoleo de Lenin si va a Moscú o el de Mao, Ho Chi Ming, Ernesto “Che” Guevara… o cualquier otro dictador si va al lugar donde se encuentra; o visita la tumba de Qin Shi Huang en Xián para ver a los famosos guerreros de terracota o cualquier otra tumba de un personaje histórico. Franco, a fin de cuentas, no deja de ser alguien que fue Jefe del Estado durante casi cuarenta años y remover su tumba sólo responde a un interés partidista, desde luego no responde a ningún criterio histórico, de conservación o de cualquier otra índole. No hay ningún motivo para sacar su cadáver de allí más allá de los deseos de revancha o del odio hacia su figura; o lo que es peor, de los deseos de dar lanzadas a moro muerto por parte del Gobierno para tapar otras cuestiones.

Muere la riqueza, mueren los parientes,

igual morirás tú;

sólo una cosa sé, que nunca muere:

el juicio sobre cada muerto.[2]

Atendamos a este viejo proverbio y dejemos pues que el juicio sobre cada muerto lo decida particularmente cada uno y no consintamos que sea el Estado el que nos lo imponga.

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La Historia de España Sin Complejos

[1] Ley 52/2007 de 26 de Diciembre

[2] Hávamál, 77